La entidad que nuclea a las cooperativas del agro cuestiona los principios del proyecto y pide que sea abordado de manera integral y con argumentos técnicos. Críticas a la centralidad de Nación sobre las provincias. “Es un tema que no debe tratarse a través de fanatismos”, advierte la institución.
Como factores clave, desde Coninagro entendemos que esta ley no apaga los incendios. Para esto ya hay leyes vigentes. Asimismo consideramos que el tema humedales corresponde a cada provincia, no a la Nación, por las particularidades de cada región. Así, desde la entidad se insta al Parlamento a; otorgar un rol protagónico a las provincias: no dar pie a implementación nacional por sobre las provincias, incluir a la producción primaria como servicios ecosistémicos, no superponer con otras legislaciones (sacar principios in dubio pro natura e indubio pro aqua), propiciar el diálogo público-privado con todos los actores (incluyendo empresarios y productores), no prohibir actividades antes de evaluar y contemplar las condiciones de vida de las poblaciones, que los fondos estén destinados a quienes trabajan en los humedales (Redireccionar el destino hacia los titulares de los predios de los humedales -quienes gestionan el territorio-), agregar la promoción del uso racional de los humedales bajo un marco de desarrollo sostenible, entre otros, como puntos destacados.
“Esta ley impacta sobre el agro, las industrias, el turismo y las ciudades: la vida en los humedales tiene múltiples actividades, inclusive con personas que residen allí mismo. El problema central es que avanzar en este sentido supondría darle hoy un cheque en blanco al Ministerio de Ambiente y a la Justicia”, sostuvo Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro, a lo que agregó: “Pedimos considerar que los proyectos sujetos a evaluación ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental sean susceptibles de degradar de forma significativa el área de humedal a ser analizado, para evitar que ante cualquier rumor se frenen las actividades. A su vez solicitamos incluir un procedimiento participativo que incluya la descripción de los servicios ecosistémicos y los potenciales riesgos del proyecto, así como agregar que cumplido el plazo previsto en la norma, las actividades se rigen por la legislación vigente, según su jurisdicción”.
Asimismo, con el cuadro de situación actual se dejan abiertos muchos frentes a posibles amparos judiciales que busquen la protección de un humedal. Coninagro dialoga y brega por una gestión racional y sostenible de los humedales y considera que esto es posible, contemplando la actividad agropecuaria y la preponderancia de las provincias en el armado de un ordenamiento territorial por provincias, ya que son premisas fundamentales para Coninagro.
