Artículo borrador Gabriel Schneider y Globaltecnos
La medida que anunció el Gobierno de aumentar la alícuota en los derechos de exportación a la soja en un 3%, genera mayores costos en materia de confianza entre el administrado (Estado) y el administrador (FMI) que el monto en que incrementa los ingresos del fisco. En el marco de este decreto, hay también una cuestión política que tiene varias caras. La relación de Argentina con el Fondo está trazada en un comportamiento a corto plazo, donde se pretende lograr un acuerdo que permita 4 años de gracia en términos de los pagos de los vencimientos y que el Fondo apoye a Argentina para una eventual negociación con los tenedores de deuda privada, que es lo mas acuciante.
Negociar de buena fe implica que todos tengan la información disponible y que no haya cartas ocultas. ¿Será que detrás de esta medida está el lobby aceitero más que el arreglo de la deuda?, porque el Estado va a recaudar apenas US$ 500 millones por año, monto que no arregla el problema, frente a una mayor incertidumbre que va a generar menor inversión de parte del sector. Por otra parte estas medidas permiten que sobreviva el más eficiente y eso se genera con mucha escala, por lo tanto en lugar de generar desarrollo en los pequeños y medianos productores, favorecen explotaciones mayores, que pueden tener economías de escala y bajar costos de producción, concentrando más la riqueza. No es saludable para la democracia la concentración del poder económico y que esa concentración se deba a medidas de comercio administrado que fortalecen al que las controla. Tener pocos productores de soja o empresas que la procesan va en ese sentido, el mundo está plagado de países muy pobres llenos de recursos económicos administrados que solo gozan algunos. (esto ultimo que está en cursiva yo lo sacaría).
Según datos del Ministerio de la Producción, en Argentina hay un total de 559.137 PyMEs registradas vigentes, de las cuales el 88, 3 % son pymes agropecuarias.
Carlos: “La diferencia con el Gobierno está en un instrumento. El Gobierno ha elegido poner más impuestos para solucionar problemas fiscales y sociales y nosotros disentimos con ese instrumento, lo que no se significa que con esta postura estemos descalificando, sino que nuestra conclusión es que vamos a producir menos, por eso insistimos en el financiamiento como eje para blindar al sector agroindustrial. Si el presidente muestra que puede obtener un aumento de la recaudación fiscal, es más un gesto político de demostración de capacidad de pago que el monto en sí que logre recaudar”.
“Encontrar un enemigo que podría ser la Mesa de Enlace con un conflicto de baja intensidad y eminentemente discursivo que no termine en una escalada o con gente en la calle, le puede servir al Gobierno para aunar sus propias fuerzas dentro de su frente político. Entonces por un lado se trata de mostrar capacidad de recaudación al Fondo y por otro es una cuestión política para darle fortaleza a la alianza interna, mostrar que hay un enemigo exterior enfrente al que hay que compartir. Frente al Fondo es una actitud más bien gestual más que de recaudación fiscal y un gesto a economías regionales que de alguna manera las distiende o descomprime tensiones y queda nucleado el eje de la cuestión solo en el sector de la soja “.
Segmentación: Kicillof en 2015 ensayó una medida que consistía en que los productores de hasta 400 toneladas de soja, que representaban el 15 por ciento de la producción nacional, contarían con una devolución de 123 millones de usd, con lo cual los números finales quedarían con una recaudación de 216 millones de usd, y si agregás el 2 por ciento de harina, te da 388 millones. En tanto que en relación al impacto fiscal, con la devolución del 5 por ciento sobre 400 t de soja baja a 93, y el impacto fiscal con devolución del 5 por ciento sobre 400 t pero incluyendo la recaudación del 33 por ciento de harina, es 265
