En el segundo trimestre de 2019 la competitividad multidimensional de las economías regionales experimentó una desmejora. El informe mensual del Índice de Competitividad de CONINAGRO (IC) mostró un retroceso de 3 % frente al mismo período de 2018.
Particularmente, el pilar Población mostró una caída del 3 % interanual (comparación entre el segundo trimestre de 2019 y el mismo período de 2018) completando cuatro trimestres consecutivos bajo contracción. La importancia del pilar reside en que captura las características de la mano de obra con la que cuentan las economías regionales. En esta línea, una desmejora de la dimensión se traduce en un impacto negativo en el largo plazo sobre la productividad de las actividades agropecuarias, dado que la cantidad y/o calidad de la mano de obra se ha deteriorado.
Esta dimensión comprende cuatro indicadores que demostraron tener un comportamiento dispar. Por un lado, la Población Económicamente Activa (PEA) y el nivel educativo de la PEA representaron una mejora para el pilar, en tanto que el Nivel de pobreza y Cobertura Médica repercutieron negativamente sobre este.
El Índice de Competitividad de Economías Regionales elaborado por CONINAGRO permite medir y representar, mediante un único número, la evolución de la competitividad conjunta de diversas economías regionales argentinas
Respecto al primer caso, aunque significa mayor mano de obra disponible para las actividades productivas -en tanto que hay más personas dispuestas a trabajar- lamentablemente esa mejora no fue acompañada por mayor creación de empleo, por lo que el desempleo aumentó en el mismo periodo, alcanzando el 10,4% de la Población Económicamente Activa. Este hecho se atribuye a que, ante la pérdida de poder adquisitivo de las familias, las mismas no logran cubrir las necesidades básicas de la canasta de bienes y servicios y, por lo tanto, nuevos integrantes de las familias ingresan al mercado laboral para compensar dicho déficit. Bajo un contexto de recesión económica, la mayor oferta de trabajadores no pudo ser absorbida por la demanda laboral, aumentando tanto el desempleo como la Población Económicamente Activa. En el segundo caso, la mejora del nivel educativo (+0,4% interanual) se configura como un hecho potenciador de la competitividad de las economías regionales. Más mano de obra disponible y con mayor nivel educativo, se traduce en una oportunidad de aumentar la productividad de las actividades.
Por su parte, la desmejora del indicador de pobreza (-12,8% i.a.) y de cobertura médica (-0,1% i.a.), significan en un empeoramiento de las características de la mano de obra disponible. Un deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, atenta contra la productividad de los mismos en el desarrollo de las actividades económicas.
En conclusión, se observó un aumento de la dotación de mano de obra con la que disponen las economías regionales, con leve incremento en la aptitud de formación y capacitación. Sin embargo, la calidad de la mano de obra, medida a través de la calidad de vida de la población, se ha visto reducida a través del aumento de la pobreza, afectando la productividad laboral y el desempeño de las actividades en el mediano y largo plazo.
Para la confección del índice, se partió de un concepto amplio y multidimensional de la competitividad:
‘La competitividad de las Economías Regionales es el conjunto de factores a nivel nacional, provincial y sectorial que determinan la productividad de las mismas. A su vez, la productividad de las Economías Regionales determina el nivel de prosperidad que pueden alcanzar los territorios en los que se desenvuelven.’ De esta manera, se entiende a la competitividad de las economías regionales como un fenómeno sistémico, donde las características del territorio provincial en el cual se desenvuelve la actividad productiva, las variables socioeconómicas vigentes en el país y los factores intrínsecos de cada economía regional determinan la competitividad de las mismas y ésta, a su vez, la productividad. Además, se entiende el aumento de la productividad como un medio para alcanzar un mejor bienestar de la población de influencia de cada economía regional. Es decir, es un concepto de competitividad que no sólo busca reflejar factores económicos sino también aspectos referidos al bienestar social, la calidad institucional y la influencia del entorno.
